La verdad sobre el Alcalde Bronin, el Presupuesto y las Escuelas Públicas. Escribe: David Medina

(Publicado en Inglés en “Connecticut Latino News”)

Es oficial. Llegó directamente del que más manda en Hartford.

El alcalde de Luke Bronin quiere balancear el presupuesto de la ciudad a expensas de los niños que asisten a las escuelas públicas del Municipio, que en su mayoría son latinos.

Tan pronto el Gobernador Dannel Malloy hizo la propuesta de aumentar los fondos educativos del Estado por $230 millones, incluyendo $38.1 millones para Hartford, como el Distrito Escolar más necesitado, Bronin le dijo a una periodista del CT Mirror, en la presentación del presupuesto de Malloy, que usaría los fondos que le tocarían a las escuelas para evitar la posible quiebra financiera de la ciudad.

Hartford enfrenta un déficit presupuestario de $22.6 millones este año fiscal y más de $50 millones el próximo año, según los estimados recientes, con pocas esperanzas de poder cerrar la brecha. La calificación de los bonos de la ciudad bajó a nivel de “junk” (basura). Evitar la quiebra es la única prioridad de Bronin.

Normalmente, el plan de Bronin de confiscar los fondos educativos sería ilegal. Pero, el Gobernador Malloy le añadió una cláusula a su propuesta, permitiendo que los Municipios de Connecticut, si desean, le nieguen el dinero a las escuelas y lo usen para subvencionar sus presupuestos. Si tomamos las palabras de Bronin en serio, casi nada de ese dinero estatal para la educación llegará a los salones de clase. Es como un truco de magia. Por un lado ves el dinero, y por otro lado se desaparece.

No obstante, Malloy quiere convencer a los residentes de Connecticut que diseñó su propuesta para enfatizar su apoyo para la decisión reciente del Juez del Tribunal Superior Thomas G. Moukawsher, que establece que el método de pagar por la educación en este Estado es “irracional” e inconstitucional porque ha permitido por generaciones que los distritos ricos florezcan, y que los distritos pobres (como Hartford) fallen.

Connecticut, dijo Moukawsher, está obligado a asegurar que la subvención educativa y la política pública sean “racionalmente, sustancialmente, y de forma verificable” conectadas a la necesidad de los estudiantes. El Juez le dio al Estado 180 días para traerle una solución que logre precisamente ese propósito. Su decisión fue consecuencia de una demanda de la Connecticut Coalition for Justice in Education (Coalición de Connecticut para Justicia en la Educación).

La decisión acusatoria del Juez Moukawsher, donde reconoce a Connecticut como el Estado con la peor brecha de logros académicos entre los ricos y los pobres, increpó las evaluaciones “perfectamente inútiles” que se le rinden a casi todos los maestros, sin importar que los estudiantes en las comunidades más pobres, como Hartford, no puedan leer o escribir a un nivel básico. El Juez también atacó los estándares de graduación, que son tan elásticos que los estudiantes terminan la escuela con diplomas desechables; y los gastos de la educación especial, que no logran dirigir los servicios apropiados a los estudiantes que los necesitan de una forma aceptable.

El juez Moukawsher no pide más gastos en la educación, como Malloy pretende hacer, sino que los fondos actuales se repartan sabiamente, lo cual resulta ser mucho más difícil de lo que parece. Sugirió que Connecticut establezca normas realistas para cumplir con las necesidades de los estudiantes de educación especial, y evaluar a los maestros y a los graduados de escuela secundaria y que distribuye los fondos de los distritos a razón de esas expectativas.

¿Y qué fue lo que hizo el Estado de Connecticut para responderle?

Apeló la decisión de Moukawsher al Tribunal Supremo de Connecticut con el argumento de que “un Juez particular no electo” no tiene la autoridad legal de crear política pública sobre educación. Esa autoridad, dice el fiscal general George Jepsen, le pertenece a la Legislatura. Es decir, el juez  Moukawsher tiene el derecho de comunicar lo que todos sabemos desde hace mucho tiempo: que el sistema educativo es una porquería. Pero no tiene el derecho de especificar cómo se debe resolver el problema. Olvídate que la Legislatura Estatal, la autoridad que Jepsen intenta proteger, ha estado tranquilamente permitiendo por décadas que los estudiantes con mayores necesidades se mantengan confinados en las peores escuelas.

Es el mismo razonamiento que se usó antes del movimiento de Derechos Civiles para evitar que se revocaran las leyes de discriminación racial en los Estados Unidos -excepto que, ahora está en boca de la élite liberal, bebe-latté, del Partido Demócrata, que todavía no ha descifrado cómo rayos fue que Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos.

Un político astuto cerraría la boca sobre un plan de saquearle millones de dólares a las Escuelas Públicas de Hartford, hasta que por lo menos el dinero estuviera aprobado. Pero no fue así en el caso del Alcalde Bronin. Él no pudo esperar para contarle a la prensa lo que intenta hacer.

¿Y qué le importa? Sus hijos están matriculados en escuelas privadas colocadas en las alturas de West Hartford. Además, nadie en las Escuelas Públicas de Hartford parece tener interés de retar sus decisión de quedarse con los fondos, excepto, tal vez, los padres de los niños que puedan ser arruinados por esa acción.

El año pasado, por ejemplo, la ciudad violó el requisito de presupuesto mínimo del Estado al pagar $1.2 millones menos de lo debido al Distrito Escolar. Nadie dijo nada. Este año, el sistema escolar no cuenta con un Superintendente en permanencia y, dado el control de Bronin sobre el proceso de nombramiento, los tres finalistas para el puesto —la Superintendente interina, Leslie Torres-Rodriguez; Tim Sullivan y José Colón-Rivas— probablemente no van a reclamar los nuevos fondos del Estado, por miedo a ser eliminados como candidatos. Bronin, además, insiste en que el nuevo ocupante de la Superintendencia de Escuelas se comprometa a  cortar aún más el presupuesto con cierres de escuelas.

La ausencia de liderato se extiende a la Junta de Educativa en sí misma, que está en transición a una nueva figura en la presidencia, todavía no identificada, que seguramente, tampoco querrá causarle preocupaciones al Alcalde. Hasta que no exista un liderato permanente, todos parecen estar paralizados, mientras el Distrito Escolar se desploma lentamente.

Gracias a Dios que el Juez Moukawsher no está sujeto a esas preocupaciones. Hoy día, los hombres y mujeres de integridad son difíciles de hallar en el gobierno. Su decisión, la que el Tribunal Supremo de Connecticut está evaluando para proveer una decisión sobre la apelación del Estado, puede ser la última oportunidad para que los niños más necesitados de Hartford reciban la educación que se merecen.

No cabe duda, que no la van a recibir del Alcalde Bronin.
David Medina
dmedina01@comcast.net
www.identidadlatina.com

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