Guatemala impone pena de muerte para frenar las “maras”

La violencia callejera en Guatemala encontró una respuesta por parte del gobierno de Álvaro Colom, la misma vino
con el nombre de pena de muerte. Aunque diversos grupos activistas de derechos humanos rechazan la medida,
todo indica que la pena capital se aplicará de todas maneras porque el salvajismo de las llamadas “maras” es imparable.

Para empezar, el presidente Colom anunció que no indultará a los condenados a muerte, facultad que el Parlamento le restituyó y con lo cual se reestablece en los hechos, la aplicación de la pena capital, en suspenso desde el año 2000. Colom afirmó que respetará la decisión tomada en su momento por los tribunales. “La justicia existe y se aplicará la ley”, dijo.

El Congreso aprobó una ley que le permite al presidente del país indultar a los sentenciados a la pena máxima, una decisión que fue fuertemente criticada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos pues entienden que, en rigor, se trata de una vía para acelerar las ejecuciones. El nuevo texto legal facultó al presidente a otorgar el “recurso de gracia” a por lo menos 21 personas condenadas a la pena capital, pero, al cubrir un vacío legal que impedía en los hechos las ejecuciones desde 2000, en verdad otorgó luz verde para que la pena de muerte se aplique.

Expertos consultados por Inter Press Service, como David Dávila del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, consideran que esa norma tiene muchas deficiencias técnicas que no garantizan recursos de gracia efectivos para los condenados y contraviene principios del derecho internacional. Ante ello, Dávila anunció que un grupo de organizaciones pedirá el veto de la ley, que fue aprobada por los diputados con más de los dos tercios de los votos luego de que las “maras”, como son llamadas las pandillas juveniles en Guatemala y en países vecinos, asesinaran en cuatro días siete conductores de autobús a quienes les exigían sobornos.

Sin embargo, los analistas consideraron poco probable que Colom vete la norma. Durante la campaña electoral, aunque sostuvo que no era “una solución”, aclaró que la pena de muerte estaba contemplada por la ley y que debía respetársela. Por otra parte, encuestas señalan que la mayoría de los consultados se declaran a favor de su aplicación. Asimismo, el veto presidencial no hubiera tenido muchas posibilidades de perdurar. La legislatura puede ratificar el texto original con el voto positivo de 105 de sus 158 integrantes, y la ley fue aprobada con el concurso de 140 diputados, incluidos los oficialistas.





Cifras que revelan un drama

• En Guatemala, donde 51% de sus 13 millones de habitantes viven debajo de la línea de pobreza, menos del 10% de los homicidios son esclarecidos por una investigación judicial o llega a producirse una condena.

• La violencia y la persistencia de grupos paramilitares son rémoras de la guerra civil, que entre 1960 y 1996 se cobró 200 mil vidas, en su mayoría de indígenas.

• Un informe del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se registraron 3 mil 319 asesinatos, de los que 392 tuvieron como víctimas a mujeres. La mayoría fueron asesinadas a balazos.

• En 1996 fueron fusilados dos condenados a muerte por la justicia y uno de ellos fue rematado con un tiro de gracia. Las ejecuciones fueron transmitidas por televisión. Ante las críticas internacionales, el Estado cambió de método.

• Las últimas, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron con inyección letal, a pesar de los pedidos de clemencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sesenta por ciento de los condenados a morir en Guatemala han sido hallados culpables de secuestro, con y sin muerte de la víctima, y 40 por ciento de homicidio.

• Guatemala votó el 18 de diciembre pasado, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la moratoria de las ejecuciones.

• La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Guatemala en 1978, establece que la pena de muerte no puede aplicarse mientras exista un recurso de apelación pendiente.

Julio Panduro
jpanduro@gmail.com

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