Gobernadora Veta Legislación en Pro de Estudiantes Indocumentados

la Gobernadora Jody Rell: “Esta ley puede servir de motivación para que otros individuos indocumentados vengan a residir en Connecticut en violación de las leyes de imigración”.

El Representante Estatal Felipe Reinoso cree en la educación y cree que el acceso a la educación debe ser para todos los jóvenes que tengan la motivación y el deseo de superarse. Reinoso propuso hace dos años una legislación para que los estudiantes indocumentados pudieran asistir a las universidades del Estado pagando matrículas como residentes de Connecticut. Esta matrícula es a un costo más bajo. Como residente un estudiante pagaría una matrícula de $2,800 en un colegio comunitario en comparación con $8,500 si no se le considera residente del estado. Estos costos son mayores para las universidades del Connecticut State University System y UConn.

Esta legislación no prosperó en el periodo anterior y Reinoso esperó hasta este año para volver a introducir la propuesta. Esta vez, tenía el apoyo de numerosas personas y agencias, entre ellas los tres dirigentes de los sistemas de universidades y colegios comunitarios del estado, David Carter, Marc Herzog y Philip Austin. Tanto Democracy Works como la Federación Judía también dieron su apoyo.

Fernando Betancourt, Director Ejecutivo del Latino and Puerto Rican Affairs Commission, llevó a cabo un fuerte cabildeo para que se aprobara la legislación. Betancourt recopiló datos y presentó argumentos en pro de la legislación. Ante la preocupación de los legisladores del costo que conllevaría darle acceso a estos estudiantes, se señaló que solamente de 200 a 250 estudiantes indocumentado se beneficiarían. Todos estos estudiantes están calificados para entrar en las universidades del Estado, siendo el costo de los estudios el mayor obstáculo para optener una carrera.

Por su parte, Barbara Richards, profesora de Housatonic Community College, a través de frecuentes mensajes por el correo electrónico, movilizó a un sin número de personas para que manifestaran su apoyo a la legislación. Richards cree que los estudiantes indocumentados deben tener apoyo para culminar sus estudios.

La ley fue aprobada por la Legislatura y obtuvo 20 votos más que la vez anterior. Una encuesta llevada a cabo por el Hartford Courant comprobó que el 53% de los votantes del estado apoyan esta Ley.

Sin embargo estos esfuerzos resultaron inútiles porque la Gobernadora de Connecticut, R. Jodi Rell, vetó la misma y negó con esta acción que los estudiantes indocumentados pudieran estudiar en las universidades y colegios comunitarios del Estado, pagando una matrícula más baja. Al vetar la legislación, la gobernadora se unió a los legisladores republicanos, quienes se habían opuesto desde el principio a que se aprobara esta Ley. En una carta fechada el 26 de Junio, la Gobernadora Rell explica que “No deseo motivar con esta ley a individuos a violar las leyes federales de inmigración. Esta ley puede servir de motivación para que otros individuos indocumentados vengan a residir en Connecticut en violación de las leyes de imigración”.

La retórica anti inmigrante ha confudido a muchos sobre los derechos que tienen los estudiantes indocumentados. Estos jóvenes tienen derecho a estudiar y ser admitidos en la universidades del país. No tienen derecho a solicitar ayuda económica federal o estatal. Los estudiantes pueden recibir becas privadas.

La ley federal también indica que le corresponde a cada Estado establecer una decisión sobre, si estos estudiantes pueden pagar matrícula como residentes del Estado. Actualmente diez Estados han aprobado esta legislación. Entre ellos, California, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, New York, Oklahoma, Texas, Utah y Washington. Estos Estados ven el acceso a la educación como una inversión para lograr un mejor futuro para sus residentes. Entienden también que no se debe penalizar a los jóvenes por las decisiones que tomaron sus padres cuando los trajeron a este país.

En todos estos Estados, para calificar para la matrícula de residente, los jóvenes tienen que demostrar que:

1.Asistieron a una escuela del Estado por un número de años

2.Se graduaron de una escuela superior del Estado

3.Han firmado un “affidavit” indicando que han iniciado el proceso para legalizar su status migratorio o lo hará próximamente.

La ley propuesta por la Legislatura de Connecticut incluía todos estos requisitos.

Es una lástima que la Gobernadora de Connecticut no crea en darle oportunidades educativas a estos jóvenes. Un titular del Hartford Courant resumió con estas palabras el impacto de la acción de la gobernadora, “Veto Acaba con el Sueño de Estudios Universitarios”. Por su parte, el Representante Felipe Reinoso declaró que continuará luchando por esta legislación.

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