Cuestionable decisión: Parlamento argentino aprueba ley que regula el mercado del papel para periódicos

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El Parlamento argentino convirtió hoy en ley un polémico proyecto impulsado por el oficialismo que regulará el mercado del papel para periódicos, en medio del enfrentamiento del Gobierno con los principales diarios del país, que denuncian una "embestida contra la libertad de prensa".
La iniciativa, que ya había sido convalidada días atrás por la Cámara de Diputados, fue aprobada hoy en el Senado por 43 votos a favor, 23 en contra y una abstención, precisaron a Efe fuentes parlamentarias.
El oficialismo hizo valer su mayoría en ambas cámaras -recuperada en los comicios de octubre pasado- para dar vía libre a un proyecto fuertemente criticado por los dos principales periódicos de Argentina, Clarín y La Nación.
Precisamente Clarín, con un 49 % de las acciones, y La Nación (22,49 %) son socios de Papel Prensa, el único fabricante de papel para periódicos en Argentina y en el que el Estado posee otro 28,08 % de las acciones.
El Gobierno mantiene una relación conflictiva con los accionistas privados, a quienes acusa de haberse apropiado ilegalmente de las acciones de Papel Prensa en 1976 -cuando inició la dictadura- y de privilegiar los intereses de los periódicos Clarín y La Nación por sobre los de la fabricante de papel, fundada en 1972 y que abastece a unos 170 clientes.
La nueva ley declara de interés público la producción de pasta celulosa y de papel de diario y la distribución y comercialización de este bien.
La norma encomienda además al Ejecutivo a confeccionar un marco regulador para esta actividad que, entre otras premisas, garantice un tratamiento igualitario en precio, condiciones contractuales y cantidades de papel para todos los diarios del país.
También busca impulsar una política de mayor inversión en Papel Prensa orientada a lograr mayores niveles de producción y, así, evitar que los diarios del país importen papel.
Papel Prensa acapara el 75 % del consumo doméstico de papel para periódicos, mientras que el resto proviene de la importación.
"Atrás del papel, están los medios; atrás de los medios, la liberta de prensa. Este proyecto va a terminar afectando la libertad de prensa y va a traer una serie de problemas, de nivel internacional y de prestigio de país", advirtió durante el debate el senador Juan Carlos Romero, del peronismo disidente.
Por el contrario, la senadora oficialista Liliana Fellner dijo que la norma defiende "el derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces" pues busca "garantizar a todos los medios de prensa, en condiciones de igualdad en materia de precios y cantidad, el acceso" al papel.
Clarín, que da nombre al mayor grupo de medios del país, publicó hoy una solicitada en la que asegura que "las principales organizaciones periodísticas de Argentina y América Latina han expresado su categórico rechazo" a la ley aprobada hoy.
También se manifestó en contra La Nación, al que un juez resolvió inhibir bienes por pedido del Fisco argentino a raíz de una supuesta deuda impositiva.
"La pretensión de la AFIP (Fisco) de reclamarle a La Nación una deuda de 162 millones de pesos (37,58 millones de dólares) que todavía es objeto de discusión judicial llega en medio de una fuerte embestida del Gobierno nacional contra los medios independientes", señaló hoy el periódico.
El conflicto sumó otro condimento este martes, cuando el juez Walter Bento, de la ciudad de Mendoza (oeste del país), ordenó el allanamiento y la intervención de Cablevisión, operadora de televisión por cable del grupo Clarín, en el marco de una causa por monopolio denunciada por su competidora Supercanal, del grupo Vila-Manzano.
Ante la decisión judicial, diputados opositores acordaron presentar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre el "peligro" que afronta la "libertad de expresión" en Argentina y adelantaron que pedirán a la Corte Suprema de Justicia que "garantice y preserve el Estado de Derecho".
El grupo Clarín será sometido en la noche de hoy a un "juicio ético y público" que la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, organizará frente a la sede del Ejecutivo.

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