CT: Los Inmigrantes En La Mira (Leer en Inglés en sección Global Connection)

Connecticut es un Estado donde conviven miles de inmigrantes documentados e indocumentados, últimamente ha puesto en tela de juicio su fama de “Estado Santuario”, luego de que la organización “The American Civil Liberties Unión of Connecticut” (ACLU) denunciara públicamente que ocho Departamentos de Policía de Connecticut están dando información personal a “Inmigración and Customs Enforcement” (ICE).

En una nota publicada en su página de internet, ACLU narra que la Policía de las ciudades de Fairfield, Westport, Enfield, Wethersfield, Stratford, Trumbull, y Norwalk están compartiendo información del paradero de miles de residentes documentados e indocumentados a través de la compañía Vigilant Solutions, la cual ofrece servicios a varias agencias Estatales en los EEUU con el objetivo de “frenar” el crimen. Sin embargo, la denuncia alega que muchos de los récords obtenidos por la Policía han sido compartidos con ICE, dando como resultado recientes redadas masivas de inmigrantes, enfocándose en ciudades donde viven las minorías segregadas.

Adicionalmente, el servicio de seguridad de Southern Connecticut State University también está envuelta en el escándalo, lo que ha llevado a que muchos defensores de los derechos de los inmigrantes califiquen esto como una traición a la comunidad y una falta grave al “Connecticut Trust Act”, que protege a inmigrantes documentados e indocumentados de los ataques de discriminación y racismo.

Jonathan González Cruz, miembro de UCLA, dijo en el comunicado que, “Es particularmente irónico que SCSU celebre el Mes de Justicia Social, cuando la Universidad no puede priorizar la justicia social y está ayudando a ICE a separar a las familias, y a los estudiantes”.

Las agencias de policía envueltas en el escándalo, han negado rotundamente cualquier conexión con la agencia ICE, con excepción de la Policía de Westport que no ha negado ni afirmado las acusaciones, diciendo que, “Compartir información con agencias federales es crítico para la seguridad de oficiales y civiles”.

A todo esto, el pasado 8 de Marzo, activistas, organizaciones y diversos Representantes de Connecticut participaron de audiencias públicas en el Edificio Legislativo, para debatir y defender Propuestas de Ley, algunas que atacan directamente a la inmigración, por ejemplo la SB 993, una iniciativa del Senador Robert Sampson (R), quien hace años viene incitando a la deportación de inmigrantes ya sean portadores de Green Card, o indocumentados, con la excusa de deportarlos por ofensas menores, como por ejemplo pasarse una luz roja. Su propuesta habla de que los funcionarios locales y estatales cooperen con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración. Diversos testimonios en las audiencias expresaron su descontento con la discriminación y abuso que están recibiendo por parte de algunas autoridades, añadiendo a esto la separación de familias y la incomprensión por los derechos humanos.

Por otro lado, los Comités Judicial y de Educación también sometieron a la discusión proyectos  pro-inmigrantes como las SB 992 (Trust Act), SB 948, y SB 364 para que se proteja a los inmigrantes honestos que contribuyen económicamente al desarrollo de nuestro Estado.

El Representante por Hartford, Edwin Vargas (D) entrevistado por IDENTIDAD LATINA dijo, “Yo me opongo a los proyectos de leyes que tratan de convertir a los policías municipales y estatales en alguaciles de inmigración. Queremos que la Policía colabore con todas las comunidades, sean documentadas o indocumentadas. Si permitimos que se conviertan en agentes de inmigración, la gente no va a confiar en ellos, y no va a reportar los crímenes y abusos”.

También el activista, Jesús Morales Sánchez de CT Immigrant Rights Alliance (CIRA), expresó, “El proyecto de ley SB 948, si es aprobado, ayudaría a los inmigrantes que tienen una falta menor con la Policía, para que no sea tomada como un crimen grave o felonía. La gente tiene que llamar a sus Representantes y Senadores y decirles que estamos en contra del Proyecto SB 993. Tenemos que decir que no queremos que la Policía colabore con ICE, y que cualquier inmigrante detenido tenga acceso a defensoría en Cortes de Inmigración”.

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Maricarmen Cajahuaringa
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