Cacerolas suenan fuerte en Argentina

Bastó un paro agropecuario para que miles de argentinos salgan a las calles y golpearan fuerte sus cacerolas. La protesta contra la presidenta Cristina Fernández demuestran que los mecanismos aprendidos durante la profunda crisis del 2001 para marcar límites a la acción política aún están vivos.

El conflicto se desató hace dos semanas, cuando el gobierno resolvió unilateralmente el incremento del impuesto a las exportaciones de soja y girasol y la adopción de una alícuota móvil, que puede subir o bajar de acuerdo con los precios internacionales. La medida provocó el rechazo unánime de productores pequeños, medianos y grandes, que viven un período de bonanza por su propia eficiencia, de recuperación de mercados y de apoyo del Estado mediante subsidios a los combustibles, compensaciones y mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Los productores lanzaron el 11 de marzo un paro agropecuario con cortes de ruta que impiden el paso de camiones con cereales. Pero luego la medida se profundizó por falta de diálogo, y ahora frenan el paso de vehículos con alimentos en general en localidades y ciudades de una gran parte de las provincias productoras. El paro obligó a desechar millones de litros de leche que no se pudieron comercializar, y a sacrificar el 25 de marzo un lote de 400.000 pollos pequeños que esperaron en vano los alimentos para su engorde. Los comercios de Buenos Aires comenzaron a manifestar síntomas del desabastecimiento de productos frescos.

Frente a este escenario, el gobierno mantuvo su decisión sin variantes. La presidenta advirtió el 25 de marzo que los cortes de ruta de los productores, lejos de los que protagonizaban los trabajadores desocupados en los años 90, son “piquetes de la abundancia” y advirtió que no se dejaría “extorsionar”. Las diferencias de contexto son abismales entre el colapso del gobierno de Fernando De la Rúa en 2001 y la crisis que enfrenta Fernández en un escenario de recuperación económica y debate sobre la distribución del ingreso. Y estos hechos revelaron que persiste la ausencia de mecanismos de mediación en los conflictos entre gobierno y sociedad civil.

La alocución presidencial, que negó toda posibilidad de negociación, produjo un generalizado rechazo. Miles de ciudadanos, la mayoría de clase media alta urbana de barrios acomodados de Buenos Aires y otras ciudades del país, comenzaron a hacer sonar sus cacerolas como lo habían hecho durante la crisis de 2001. Los manifestantes más decididos marcharon espontáneamente hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia. Otros se reunieron en esquinas emblemáticas y un sector se dirigió hasta las puertas de la residencia presidencial de Olivos, a pocos kilómetros de la capital.

Algunos criticaban la falta de diálogo del gobierno, otros defendían por legítima la rentabilidad de los productores del campo y muchos simplemente manifestaban una airada oposición al gobierno. Las protestas no se vivieron en los suburbios de la capital, el área metropolitana, que siguió los acontecimientos por televisión. Frente a una movilización sorpresiva, dirigentes piqueteros afines al gobierno de Fernández se lanzaron a las calles con sus seguidores y obligaron a los manifestantes a desconcentrarse. Horas después, el gobierno ratificó la vigencia del aumento de impuestos y amenazó con disolver las protestas en el campo con la policía.

N. de R.- Al cierre de la presente edicion, se sucedieron reuniones entre gobierno y la dirigencia ruralista, lamentablemente no hubo acuerdo y se postergo la negociaciones para el Lunes 31 de Marzo. Algunos dirigentes intransigentes veían pocas posibilidades de llegar a un entendimiento.

Julio Panduro
jpanduro@gmail.com

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