ARGENTINA: Piden libertad de Milagro Sala



Buenos Aires, (EFE).- Cientos de personas reclamaron hoy la liberación de la diputada argentina del Parlamento del Mercosur Milagro Sala, de cuya detención en la norteña provincia de Jujuy se cumplen dos años, en diversos eventos y manifestaciones en el país austral.
A primera hora de la mañana, organismos de derechos humanos, militantes, sindicalistas y ciudadanos de a pie marcharon desde el emblemático obelisco de Buenos Aires hacia la Casa de Jujuy, donde referentes sociales realizaron un "acto de repudio" por la prisión "arbitraria e ilegal" de la activista.
"Seguimos denunciándolo nacional y, sobre todo, internacionalmente porque en el país hay oídos sordos. La Justicia tiene no sólo los ojos vendados sino los oídos tapados", denunció en una entrevista con Efe Estela Díaz, coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que convocó la concentración.
En su opinión, el Poder Judicial depende del Ejecutivo, que, a su vez, "responde a los intereses del capital concentrado económico" y que "ha crecido sostenidamente en el encarcelamiento de los presos políticos".
Sala está acusada de diversos delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la organización barrial Tupac Amaru que ella lidera recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
El pasado 15 de diciembre fue trasladada a su vivienda del municipio de El Carmen para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial que la mantiene en prisión preventiva desde enero de 2016.
Un juez resolvió habilitar el traslado después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que estuviera en su vivienda pero en condiciones "menos restrictivas", atendiendo a una medida cautelar impuesta en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Sala pudiera volver al domicilio del que fue trasladada, supuestamente, por no cuidar su salud.
En ese sentido, Díaz destacó que pese a que el país está "siendo observado" y "reclamado" por los organismos internacionales de derechos humanos, el Gobierno de Mauricio Macri incumple sus directivas, ya que Sala está en una casa con excesivas medidas de seguridad.
"Nos colocan en un lugar que es de vergüenza porque hay pocos países que incumplen de semejante modo con los mecanismos" internacionales, agregó.
Con ella coincidió Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la diputada kirchnerista del Parlasur, al apuntar que en el segundo aniversario de esta "injusta, arbitraria e ilegal" detención, la dirigente social sigue sin tener "ninguna condena firme" y, por ende, es una "presa preventiva".
"A pesar de esto, los jueces de Jujuy, en este claro hostigamiento y en esta clara decisión política de incumplir las resoluciones internacionales, resuelven que ella no puede estar en una prisión domiciliaria como cualquier ciudadano", apuntó en declaraciones a la prensa.
Para la letrada, "no hay ninguna duda" de que el país suramericano está viviendo una época de "degradación del Poder Judicial como pocas veces vistas", al menos, en democracia.
Por ello, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional enviaron un documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para informar de que no se está cumpliendo con lo establecido.
"Esperamos que pronto haya un informe de ellos reclamándole al Estado que realmente se morigere su detención, que sea en su domicilio, que sea sin ninguna otra restricción, sin fuerzas de seguridad en la puerta", afirmó Díaz.
Las acciones se replicaron también en la sede de la Tupac Amaru en San Salvador de Jujuy, capital de la norteña provincia, donde se realizaron charlas y conferencias de prensa.
La propia Sala, en una carta publicada en las redes sociales y leída en los actos de este martes, dijo que estos dos años han sido "muy difíciles" y de "mucha impotencia", aunque aseguró estar "más de pie que nunca", pese al "hostigamiento constante."
Por su parte, desde el Gobierno de Macri han insistido en multitud de ocasiones en estos dos años que el Gobierno no influye de ningún modo en la Justicia y que solo de ese poder del Estado depende el destino de la activista.


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